Entrevista a José Manuel Fernández de Labastida, Secretario General de Política Científica y Tecnológica del Ministerio de Ciencia e Innovación. Habla de las nuevas políticas para impulsar la investigación española.
Madrileño de 50 años, este licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid y Doctor en Física por la State University of New York ocupa su nuevo cargo en el recientemente creado Ministerio de Ciencia e Innovación con una visión positiva con respecto al futuro de la I+D española.
Vicepresidente de Investigación Científica y Técnica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) durante el periodo 2001-2004 asegura que “la política científica y tecnológica es una prioridad en la agenda del Gobierno”.
El nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación nace como la gran apuesta del Gobierno para el impulso de la investigación, el desarrollo y la innovación española, ¿cuáles son sus principales objetivos?
El Ministerio surge con el objetivo de situar nuestro país entre los 10 más avanzados del mundo en ciencia, tecnología e innovación en 2015. Este reto constituye un aspecto central en la agenda del Gobierno de España, para el que trabajaremos intensamente a través de la renovación del marco regulatorio de la ciencia y la innovación, para adaptarlo a las necesidades de gestión y ejecución de la investigación y el desarrollo. Pero también, aspiramos a un sistema universitario de calidad y competitivo, a que los organismos públicos de investigación sean capaces de liderar determinadas áreas científicas, a intensificar el desarrollo y la innovación tecnológica en el tejido empresarial, como factor clave del cambio de modelo económico y, no menos importante, a poner en marcha iniciativas para que el entorno social sea más proclive a la actividad científica y técnica, la innovación y el espíritu emprendedor.
Aparte de las diferencias de contexto temporal, qué novedades aporta el nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación con respecto de los anteriores intentos de unificar las políticas científicas y tecnológicas, en concreto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología del primer gobierno de Aznar o el Ministerio de Universidades e Investigación que dirigió González Seara durante sucesivos gobiernos de la UCD?
La investigación científica y el desarrollo tecnológico han progresado muchísimo desde la instauración de la democracia. Las competencias en esta materia han estado distribuidas en los distintos departamentos ministeriales de formas distintas a lo largo de todos estos años. Hubo configuraciones que aglutinaban las competencias en un único departamento pero nunca se hizo con la envergadura de ésta última reestructuración.
Ningún ministerio anterior agrupó la investigación, el desarrollo tecnológico, la enseñanza superior, la innovación empresarial y, también, la cultura científica. La situación actual requiere impulsar definitivamente una economía basada en el conocimiento para España, lo que supone un gran reto en nuestro país. Y afrontar este reto será más factible con una distribución de competencias como la presente.
La actual Ley de la Ciencia tiene ya más de 20 años y en opinión de muchos ha quedado obsoleta para resolver las demandas de la actual sociedad del conocimiento. En la pasada legislatura se optó por modificaciones concretas y puntuales entre las que destacaba la creación de Agencias Estatales. ¿Está entre sus prioridades abrir un debate que conduzca a una nueva ley de la ciencia capaz de definir un marco de gestión adecuado a la competitividad?
Por supuesto, es muy necesario. La política científica y tecnológica es una prioridad en la agenda del Gobierno. Existe un amplio consenso social y político para hacer del conocimiento el eje central del desarrollo económico del país. Estoy convencido de que es el momento de dar un salto cualitativo y para ello necesitamos reformar nuestra regulación básica, la Ley de Fomento y Coordinación de la Investigación Científica y Técnica de 1986. Ya hemos identificado un grupo de trabajo que asesorará al Ministerio de Ciencia e Innovación en la elaboración del anteproyecto de Ley. Pretendemos elaborar este proyecto implicando a los diferentes agentes del sistema de ciencia y tecnología para desarrollar estrategias comunes que nos ayuden a solventar los retos económicos y de competitividad internacional a los que nos enfrentamos. Nuestro objetivo es que el Gobierno remita a las Cortes Generales el Proyecto de Ley en el primer semestre de 2009. La reforma planteada incidirá sobre un variado conjunto de aspectos pero sin duda tratará de establecer un marco normativo que se ajuste a la realidad del desarrollo autonómico español y a la integración plena de España en la Unión Europea, dos ámbitos en los que la situación actual es muy distinta a la existente en 1986 cuando se aprobó la vigente Ley de la Ciencia.
Parece haber una gran coincidencia en los informes sobre la situación de la ciencia en España que señalan un desfase entre el desarrollo económico y social y el sistema de ciencia actual. Usted mismo ha señalado en alguna ocasión la preocupante baja actividad de nuestro sistema en el ámbito de la innovación. El desencuentro entre Universidad / Empresa o la falta de colaboración público / privada siguen siendo una constante en nuestro sistema. En su opinión, ¿cuáles serían las medidas apropiadas para desarrollar un adecuado sistema de I+D+i?
Las dificultades de nuestro sistema están bastante identificadas y entre ellas están las que usted apunta. En la Legislatura pasada, tanto el informe realizado por la OCDE como la reflexión que condujo a la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología hicieron un claro diagnóstico de la situación. El Plan Nacional de I+D+I 2008-2011 se elaboró teniéndolo en cuenta y en base a ello establece instrumentos para atacar los problemas detectados. Durante estos años, además de impulsar la reforma de la Ley de la Ciencia de la que ya he hablado, que sin duda mejorará el contexto general para eliminar las dificultades, desarrollaremos el Plan Nacional diseñando actuaciones que permitan avanzar en los cambios que necesita nuestro sistema de ciencia y tecnología.
Acaba de aprobarse el VI Plan Nacional de I+D+i para el periodo 2008-2011 ¿considera que es suficiente como eje vertebrador de las nuevas políticas a implementar por el nuevo Ministerio?
El Plan Nacional 2008-2011 constituye una excelente herramienta para implementar las políticas necesarias para alcanzar los objetivos identificados en la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología y en el propio Plan. Es un plan fruto del examen externo del sistema español de ciencia y tecnología, realizado por la OCDE, una encuesta a los actores del sistema español de ciencia y tecnología, un ejercicio de prospectiva, y una estrategia nacional de ciencia y tecnología que ha recibido el respaldo unánime de las Comunidades Autónomas. Sin duda, constituirá el eje vertebrador de las políticas que implementará el MICINN.
Uno de los temas pendientes de la legislatura anterior fue la Agencia Española de Financiación de la Investigación, ¿para cuándo su desarrollo?
Desarrollaremos a lo largo de la legislatura la Agencia de Evaluación, Financiación y Prospectiva. El MICINN se configura como un Ministerio con tres potentes instrumentos para desarrollar sus políticas: el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, el conjunto de los Organismos Públicos de Investigación y la Agencia de Evaluación, Financiación y Prospectiva.
Entre los problemas que históricamente ha padecido al sistema español de ciencia y tecnología están las políticas de capital humano: escasez de investigadores, fuga de cerebros, incapacidad para atraer talento, falta de expectativas profesionales. ¿Cuáles son las prioridades de la política científica en este ámbito? ¿Se encuentra entre estas prioridades el desarrollo del Estatuto del Personal Investigador?
Una de nuestras primeras actuaciones será definir una carrera profesional a través del Estatuto de Personal Docente e Investigador de la Universidad, que es una prioridad en la que ya estamos trabajando para tener un borrador en octubre y tramitarse en este año 2008. Igualmente, desarrollaremos a lo largo de la legislatura las carreras investigadora, técnica y gerencial de los organismos Públicos de Investigación. Además, vamos a incrementar las retribuciones asociadas al reconocimiento de la actividad investigadora, coherentemente respecto al diseño de la carrera investigadora. Aumentaremos las retribuciones del Personal Investigador en Formación hasta llegar al fin de la legislatura a 1.400 euros al mes, en el caso de las becas, y a 1.700 euros al mes en la modalidad de contratos.
Por otra parte, pretendemos que la nueva Ley de la Ciencia elimine las barreras detectadas que dificultan el desarrollo de la I+D en materia de recursos humanos como la Ley de Incompatibilidades, que no debe impedir la movilidad de los investigadores entre el sector público y el privado.
La tendencia de la política europea en los últimos años ha hecho hincapié en dos aspectos fundamentales: la mejora de la competitividad y la excelencia científica. Para su consecución, junto a la mejora en las políticas de capital humano, parece necesario el desarrollo de nuevas infraestructuras ¿Cuál será la política del Ministerio en este aspecto?
En el contexto del desarrollo del Plan Nacional pondremos en marcha dos iniciativas en relación con el desarrollo de las infraestructuras. Por una parte impulsaremos la Iniciativa para el Desarrollo Estratégico de Centros e Instalaciones Singulares, IDECIS para crear, modernizar y ampliar centros de investigación e Instalaciones Científicas y Técnicas Singulares, en colaboración con comunidades autónomas, organismos públicos de investigación y universidades. Por otra, impulsaremos la Iniciativa para el Desarrollo Estratégico de Focos de Excelencia Singulares, IDEFES, con la que pretendemos situar a España en la vanguardia de la investigación en determinados campos.
Con la creación del nuevo Ministerio, las universidades caen bajo el ámbito de su competencia, ¿qué medidas tienen previstas para impulsar la investigación que desarrollan?, ¿piensan establecer el Fondo de fomento a su actividad de I+D+i tal y cómo se recogía en su programa electoral?
Gran parte de las actuaciones del MICINN están dirigidas a la investigación que se realiza en las universidades. Como novedad importante, el vigente Plan Nacional contempla el Programa Nacional de Fortalecimiento Institucional, cuyo objetivo es reforzar a las instituciones con el fin de que puedan desarrollar estrategias de impulso de su actividad investigadora. Igualmente, se potenciará la colaboración entre universidades y organismos públicos de investigación y la participación de estas en las instalaciones científico-técnicas singulares y en los focos de excelencia singulares.
Todos los expertos señalan como un tema crítico para la eficacia de la política científica la coordinación con las Comunidades Autónomas. Parece necesaria una revisión que garantice esta coordinación y evitar la actual dispersión y fragmentación tanto de fondos como de políticas. ¿Cuáles van a ser las principales líneas de su departamento?
En la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica somos conscientes de este hecho. Por este motivo queremos intensificar la cooperación con las Comunidades Autónomas a través del trabajo compartido. Muchas de nuestras políticas conducirán a actuaciones en colaboración con las Comunidades Autónomas. Prueba de nuestra intención para avanzar en este ámbito es la creación de la Dirección General de Planificación y Coordinación que, entre sus funciones, destaca precisamente la de coordinación con las Comunidades Autónomas.
Cabe destacar igualmente que en la reforma de la Ley de la Ciencia se pretende avanzar en los mecanismos de coordinación y colaboración entre la Administración General del Estado y el resto de agentes que intervienen en el sistema, especialmente las Comunidades Autónomas.
La dotación presupuestaria en el VI Plan Nacional de Investigación para los próximos cuatro años es de 47.750 millones de euros, cantidad que duplica la del anterior plan. ¿Piensa el Ministerio incrementar esta cantidad para hacer frente a los nuevos objetivos planteados?
El Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación es el instrumento de programación del sistema español de ciencia y tecnología, donde se establecen los objetivos y prioridades de la I+D+I a medio plazo. El escenario presupuestario plurianual, aprobado en septiembre de 2007 por el Consejo de Ministros, es el mencionado y no se contempla por el momento una elevación del mismo.
Tanto la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología (ENCYT) presentada hace unos meses como el VI Plan Nacional establecían como primer principio básico poner la I+D al servicio de la ciudadanía. En este sentido ¿qué políticas de difusión y participación ciudadana piensan poner en marcha desde el Ministerio para implicar a la ciudadanía en las políticas de ciencia y tecnología?
La Cultura Científica y de Innovación es una de las cuatro grandes áreas de actividad del Ministerio. Tras la celebración “Año de la Ciencia” a lo largo de 2007 se han intensificado las actividades vinculadas al fomento de la cultura científica en las universidades, en los centros de investigación y en muchas otras entidades comprometidas con la ciencia y la tecnología. Tanto la Administración Central como las Administraciones Autonómicas están impulsando la difusión de la ciencia en el marco de sus competencias. El nuevo Ministerio aumentará el fomento de esta actividad, consolidará las estructuras que se pusieron en marcha en 2007, como la red de agentes locales y unidades de cultura científica y el Servicio de Información de Noticias Científicas, e impulsará la colaboración entre instituciones. Igualmente consolidará el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología como un gran museo a nivel internacional con sede principal en A Coruña y con presencia en las distintas Comunidades Autónomas.
